«Sobre la eterna noche del pasado se abre la eterna noche del mañana». Ramón María del Valle-Inclán
Esta es una evocación que suena más a romance que a realidad, aunque ésta última por nada está ausente. Se trata de la historia de una de las Instituciones Públicas que, -como muchas otras como el INA (luego IDEMA), por ejemplo-, fue un hito histórico para el bienestar de muchas familias colombianas a nivel nacional. Es el Instituto Nacional de Crédito Territorial-INSCREDIAL. Para las nuevas generaciones seguramente podrá parecer un tema de historia antigua, o «un asunto» raro.
Su antecesor fue el Instituto de Crédito Territorial-ICT, creado en el gobierno de Eduardo Santos en 1939 y pensado como una materialización de la «Revolución en Marcha», como se conoció el gobierno progresista y socialdemócrata de Alfonso López Pumarejo, que le precedió. Su razón de ser o finalidad inicial, en una primera fase, fue la tarea de «apoyar mejoras funcionales, higiénicas y estéticas a la vivienda tradicional rural». (Ramírez Nieto, y otros, 2019). Su intervención en el desarrollo de la vivienda social en Colombia puede describirse en tres etapas: La Rural, la Urbana y la de Municipalización de la Vivienda Social.
Viviendas rurales de la época mejoradas por el ICT
Fase Rural
Anota Ramírez que la baja calidad ambiental de las habitaciones rurales llevó a proponer una institución que evaluara las condiciones y propusiera alternativas de transformación de las viviendas campesinas, por lo que desde su creación, adelantó una campaña de mejoramiento de la vivienda campesina en diversas regiones del país. Pero realmente ello se derivó no de una simple apreciación, sino de una concepción profunda y racionalmente concebida de un proyecto político de nación delineada por los líderes de la «República Liberal» (1930-1946), que explícitamente consideraban que «Colombia era ante todo su campo» y como refiere Romero (2021), creían firmemente que podían «consolidar una nación moderna y rural» (Romero Sánchez, 2021).
Rápidamente, al cabo de las primeras intervenciones, el Instituto desarrolló una metodología de construcción que plasmó en la que se conoció como la Cartilla ICT. Fue una especie de manual básico de construcciones rurales, utilizable como guía de obra por los maestros constructores. A decir de Ramírez, consistió en un conjunto de procedimientos técnicos acompañado de un álbum de imágenes, fotografías, planos y dibujos, de obras adelantadas por el ICT.
Según Ramírez, el manual tuvo tres partes: La primera describe las cualidades y atributos de los materiales de construcción, sus diversas clases, su buen uso y empleo. La segunda contiene los criterios estructurales para el manejo de los materiales, con cálculos sencillos y sistemas prácticos de ilustración. Y la última parte, contiene las consideraciones a tener en cuenta sobre los suelos en los que se construirían las viviendas. Acota el mismo que con esta metodología los «ranchos insalubres» fueron reemplazados por albergues higiénicos, con agua corriente y ambientes apropiados a las familias campesinas de mediados del siglo XX.
Fase Urbana
Unidades del ICT
A partir de 1942 el Instituto dio el paso de la vivienda rural a la urbana. Reseña Ramírez que en ese año se creó en el ICT la Sección de Vivienda Urbana, la que organizó su quehacer en torno a «»Programas» entendidos como estrategias del Estado para superar el déficit de vivienda popular urbana». El proceso «consistió en adquirir tierras urbanizables, edificar grupos de viviendas, y programar la venta con plazos y precios adecuados al mercado de la vivienda popular». Según el mismo autor, en esta fase se desarrollaron los programas Vivienda Obrera y Barrios Populares Modelo (1942-1950), Alianza para el Progreso (1961), Plan de Erradicación de Tugurios y Corporación Nacional de Servicios Públicos (1960-1972), Legalización y Distribución de Tierras (1978-1980), Vivienda de Interés Social y Vivienda Mínima (1980-1990).
Los Alcázares, 1949
Los primeros barrios de Vivienda Popular Modelo fueron el Quiroga y Muzú, ubicados en Bogotá. El primero, que estaba situado frente al hospital San Carlos, en su primera etapa fue de 560 viviendas económicas y finalmente fue de 1970 casas, habiendo sido un significativo aporte a la solución del problema de falta de vivienda para clases menos pudientes. Posteriormente se desarrolló el programa del barrio Alcázares del que se destaca el énfasis funcional de la arquitectura de vivienda, junto con la preocupación por definir procesos de crecimiento y ampliación de las unidades de habitación construidas. Se concibieron con espacios como áreas libres, jardines y antejardines, removibles para facilitar la futura ampliación de los espacios de las casas o construcciones. Subraya Ramírez, que «la transitividad y el acondicionamiento en cuanto a lo funcional primaron sobre otras decisiones arquitectónicas y urbanísticas».
A estos desarrollos urbanísticos y habitacionales les siguieron los que se conocieron como los de clase media, ubicados al norte de la ciudad entre ellos la Soledad, la Esmeralda, el Centro Antonio Nariño, Don Bosco, etc.
En la época que siguió después de la Alianza para el Progreso (1961), el ICT adelantó programas habitacionales de gran envergadura. En ciudades como Bogotá, la denominada Ciudad Kennedy (1961-967), en gran parte financiada con recursos de la Alianza para el Progreso; la unidad Hans Drews (1962), Ciudad Timiza (1966), Pablo Sexto (1967), Garcés Navas (1967), Quirigua, La Española y La Serena, en 1970.
Durante los años 70 desarrolló otros programas con una nueva visión arquitectónica y urbanística, entre ellos, Kennedy Experimental (1971), Tunal Experimental (1972), y Ciudad Bachué (1978). En ciudades como Medellín también aparecieron urbanizaciones ICT; en Envigado se desarrolló el programa El Trianón; en Barranquilla el barrio Simón Bolívar, al igual que en Cartagena y Bucaramanga.
En lo sucesivo esta fase se extendió por todo el país, y hoy difícilmente puede decirse que haya un solo municipio o ciudad colombiana en el o la que no se encuentre, así sea una sola urbanización desarrollada por el antes ICT (luego INSCREDIAL). En ciudades como Ibagué, antes de que incursionaran las constructoras privadas, más de una tercera parte de su desarrollo urbanístico fue construido por el ICT.
Lamentablemente, en la medida en que se posicionaba y extendía la fase urbana de la intervención del ICT, se fue abandonando paulatinamente la tarea que dio origen a su creación: El mejoramiento y construcción de la vivienda rural, quedando el campo sin el apoyo para el propósito de mejorar sus espacios habitacionales que dignificaran sus condiciones de vida.
Villa Metaima-La Villa Olímpica construida por el ICT para los juegos nacionales de Ibagué
Fase de Municipalización
Con la reforma constitucional de 1986 que desarrolló tímidamente la descentralización administrativa territorial, al transferirle a los municipios la responsabilidad de proveer vivienda social digna a sus habitantes, irrumpió una nueva forma de actuar del ICT. Ahora éste entraría a celebrar convenios con los municipios en donde éstos últimos aportaban los terrenos y las obras de urbanismo; y el ICT aportaba todo el desarrollo de ingeniería, diseños y dirección técnica de las obras, así como los recursos para financiar las construcciones, asumiendo la administración de la cartera por los créditos que se otorgaban a los usuarios. Las casas se adjudicaban con precios bajos y los créditos se otorgaban a tasas de interés muy bajas, con plazos de amortización entre 15 y 20 años.
Esta nueva etapa hizo aflorar una nueva modalidad de desarrollo urbanístico que se conoció como de «autoconstrucción», en la que la comunidad o los aspirantes a una vivienda social participaban en la construcción con mano de obra, como una forma de reducir los costos, que finalmente se reflejaría en un menor valor de la vivienda y de los créditos que deberían pagar los beneficiarios. De esta manera gran parte de los nuevos programas de vivienda social tendrían una participación tripartita: INSCREDIAL, Alcaldías Municipales y Comunidades. Este nuevo escenario condujo a que muchos municipios, casi que de manera generalizada, crearán o fortalecieran lo que se conoció como los «Bancos de Tierras».
Urbanización José María Melo Chaparral Tolima
Esta modalidad a su vez impulsó la multiplicación de los programas asociativos o comunitarios de vivienda que terminaron por hacer emerger las asociaciones de vivienda a las que se les puede llamar genéricamente «asociaciones protecho», muchas de ellas promovidas por políticos locales y regionales. Estos crearon fundaciones que terminaron siendo máquinas electorales que politizaron por completo la gestión de la vivienda social.
Simultáneamente en algunas sedes territoriales del Instituto se promovieron dos fenómenos: Uno subrepticio y otro oficial, sumamente cuestionables. El Jefe de Cartera preconcebidamente dejaba que los adjudicatarios –no todos- se atrasaran en el pago de más de tres (3) cuotas, que era el mínimo para iniciar una acción de cobro persuasivo o coactivo, para luego presionar el pago de una coima a cambio de no proceder con el cobro y la eventual devolución del inmueble. El adjudicatario era sometido a una infame tortura sicológica, asumía una carga más gravosa y quedaba sin resolver el problema del atraso.
Este fenómeno llevó al otro. Presionados y decepcionados por lo anterior, muchos adjudicatarios terminaban por abandonar las viviendas, lo que daba lugar a procesos de arrendamiento con opción de compra, llenos de asignaciones preferenciales y de una nueva serie de coimas, con el agravante de que no se surtían previamente los procesos de restitución, lo que su vez generó una seguidilla de líos judiciales de carácter civil, por demandas interpuestas por adjudicatarios y arrendatarios. Vaya lio que se armó.
Y así -el otrora Inscredial, antes ICT, que había desarrollado una magnífica labor durante 52 años en pro de la vivienda social de sinnúmero de familias campesinas y urbanas, responsable en alta proporción del desarrollo urbano de la mayoría de ciudades y municipios colombianos- facilitó primero su transformación en 1991 en el INURBE, una entidad que no construía, y luego su desaparición de la arquitectura administrativa estatal, 10 años más tarde. Lo paradójico es que desapareció luego de que entró a regir la Constitución que consagró la vivienda social digna como un derecho económico y social, que la Corte Constitucional ha equiparado con uno fundamental.
Desde ese entonces la provisión de vivienda social está sometida a las condiciones de un mercado afectado por los precios especulativos de la tierra, un costo que se incorpora en el valor final de la vivienda y atenta con la posibilidad de hacer accesible vivienda digna a las familias de bajos ingresos, aspecto que no ha sido resuelto a falta de una adecuada participación del Estado, pues se ha limitado a entregar otorgar subsidios, sin regular el mercado de tierras y demás componentes del costo de la vivienda, como lo hacia el ICT.
En el camino quedó abandonado el proyecto de «consolidar una nación moderna y rural» y el derecho fundamental a una «vivienda social digna».
Referencias
Ramíres Nieto, Jorge V. 2019. banrepcultural.org. Instituto de Crédito Territorial (ICT). [En línea] Banco de la República. Revista Credencial Historia No 349, 2019. Instituto de Crédito Territorial (ICT).
Romero Sánchez, Susana. 2021. revistas.uniandes.edu.co. La historia olvidada de la arquitectura en Colombia: La vivienda rural y la modernización durante la República Liberal. [En línea] Universidad de los Andes, 1 de enero de 2021. https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.18389/dearq29.2021.04. Número 29.
- Imagen de portada. Fuente: arriendo.com
