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Fuente: Freepik
Las decisiones públicas si no van en la dirección del interés general, no son públicas sino privadas, y en consecuencia inconvenientes.

Definitivamente no son pocas las controversias, de ‘allá y acá’, que en Bogotá y el país ha desatado el Proyecto de POT presentando por la Alcaldía a consideración del Concejo Capitalino, especialmente en su etapa de discusión.

Se trata nada más y nada menos que del Acuerdo más importante que ha de aprobar el Concejo Distrital con la iniciativa de la Alcaldía, puesto que es la matriz que ha de trazar el rumbo de la Capital para los próximo 12 años, ciudad que a su vez encarna las mayores oportunidades de desarrollo, pero también engendra sinnúmero de problemas que afectan la calidad de vida de quienes habitan y transitan por la ciudad.

La imagen de territorio ideada por la Administración Distrital dibujada en el proyecto deja ver «…una ciudadanía verde, mejor conectada regional y localmente, que presta atención a la ruralidad, donde el agua está llamada a tener un rol protagónico, se habla de una ciudad multimodal, que genera oportunidades y bastante vivienda nueva.» (Blanco Chaparro, 2021).

Un preámbulo a esta discusión que no deja de ser curioso, por su toque literario, es el que compara lo que está pasando actualmente con el POT de Bogotá y el principio de Ana Karenina «según el cual, para que un matrimonio sea feliz, se necesitan que funcionen simultáneamente varios aspectos: sexo, acuerdo sobre el manejo de la plata, educación de los hijos, religión y relación con los familiares.» (Noriega, 2021). El mismo Noriega anota que en “el nuevo POT, todos sabemos, hasta sus defensores, que fallan varios factores. En realidad, la mayoría.”

En esta dirección, Camacol una vez más arremetió contra dicho proyecto pero esta vez con más vehemencia y virulencia. El asunto central al que apuntó sus dardos es el Artículo 427 por consagrar que la vivienda VIP y VIS unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar debe tener un área mínima habitable de 42 m2 y la vivienda no VIS unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar de no menos de 30 m2, al igual que por estipular que el estándar por habitación debe ser mínimo de 20 m2.

Al respecto, algunos estudiosos del tema ilustran que «se debe entender que la vivienda VIS y VIP tienen regulado el precio máximo de venta al consumidor (150 smlmv y 90 smlmv) respectivamente» (Simhon, y otros, 2021), mientras que “los insumos para el desarrollo de estos proyectos tales, como la tierra, responden únicamente a la lógica del mercado, lo que obliga al constructor a ajustar su canasta de costos para poder entregar unas viviendas que les resulte rentables y que a su vez suplan los estándares de calidad y seguridad”. La consecuencia según los mismos, es que ello implica la imposibilidad de construir mayor cantidad de unidades, y limita el precio por metro cuadrado de la vivienda.

El argumento que esgrime Camacol, es que «esta serie de intervenciones propuestas en el POT, lo único que logrará será reducir de manera crítica la oferta formal de vivienda nueva en la ciudad.», agregando que con ello «se están desconociendo características sociodemográficas fundamentales como la reducción en el promedio del tamaño de los hogares y la creciente participación de hogares unipersonales y biparentales, sin hijos que hoy representan 22% y 23%, respectivamente.»

El segundo blanco al que lanzó dardos es el hecho de que el proyecto de POT privilegia la renovación urbana en desmedro de la disposición de área de terreno para el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales. El argumento de la líder de la agremiación parte de la estimación de 1.067.525 viviendas nuevas que requiere Bogotá en los próximos 12 años, lo que según la misma, supone que «el POT debe contemplar el suelo urbanizable y todas las condiciones urbanísticas para que se pueda garantizar la oferta suficiente de proyectos, y con la política de subsidios del gobierno nacional, hacer que los hogares de menores ingresos de la ciudad accedan a una vivienda formal.»

No se puede dejar de señalar que en el planteamiento de Camacol se advierte contradicciones y claros intereses. Se dice que el interés único de Camacol es que el gremio tenga carta blanca para construir nuevas viviendas y en cantidad, cuando ellos mismo enarbolan unas cifras de reducción de la composición de los hogares con lo que justifican construir unidades más pequeñas, no con el fin de pensar en el bien de los futuros hogares, sino con el propósito de reducir costos para incrementar el margen de ganancia sin importar la condición de “digna” de la vivienda social que pregona la Constitución Política. Del otro lado, precisamente la reducción en la composición o tamaño de los hogares, es lo que justifica más una apuesta por la promoción de la división de viviendas ya existentes, que por nuevas áreas de suelo construidas, si realmente se está pensando en una ciudad ambientalmente sustentable.

También, desde la academia se han hecho sentir las observaciones de lado y lado. Desde la Universidad Nacional (Torres Tovar, 2021) destaca la filosofía y principios del proyecto, aunque expresa preocupación por llevarlos a la práctica. Igualmente destaca su vocación de protección de la estructura ecológica principal (EEP), en tanto que propone incrementar en un 21% esta área y reconoce dos humedales más, y reconoce como positivo la propuesta en movilidad al proyectar un sistema multimodal de transporte público con una red que cubriría todo el territorio, y considerar el metro con cinco líneas, tren de cercanías, y 7 cables aéreos en zonas de ladera de la ciudad.

Valora la fórmula de 45 manzanas cuidadoras (1) y la noción de Estructura Integradora de Patrimonios que incorpora, la que enlaza patrimonio cultural material, inmaterial y natural, los referentes territoriales y las identidades bogotanas con los componentes económicos y culturales de la ciudad.

Como se observa, si bien resalta algunas virtudes del proyecto también cuestiona varios aspectos. Uno de ellos, la reducción del cerro seco en 78,38 hectáreas, pero quizás la más relevante que puntualiza es la inconsistencia entre la relación de las cifras de crecimiento poblacional con nuevos hogares y nuevas unidades habitacionales requeridas. En este sentido, anota que si bien reconoce los nuevos hogares y necesidades, no menos cierto es que desconoce los que desaparecen, la creciente subdivisión de las viviendas, el sinnúmero de viviendas vacías, la salida de población de Bogotá por los altos costos de vida y los cambios del modelo unifamiliar a conjuntos multifamiliares verticalizados.

Cuestiona igualmente que desconozca el crecimiento de los barrios informales, a lo que no plantea soluciones, como que tampoco se ocupa de los problemas de masificación e hiperdensificación. Observa severamente la contradicción entre ampliar espacio público con promover cultura verde, al igual que la propuesta de intervenir Lagos de Tunjuelo, contraviniendo la aspiración comunitaria de contar con un parque ecológico con servicios sociales y culturales, en el sur de la ciudad.

Pero quizás los cuestionamientos más determinantes surgieron en el marco del Cabildo Abierto convocado por el Concejo Distrital, celebrado en el pasado mes de octubre como lo reseña El Espectador (Rivera Rueda, 2021). Según la comunicadora fueron diversas las voces de diferentes sectores las que se expresaron: la líder del gremio de los recicladores, Nohora Pinilla, cuestionó el Artículo 236 del proyecto que pretende reglamentar las “bodegas recicladoras” y propone la creación de parques industriales eco-eficientes.

Por su parte el Gerente de Camacol Cundinamarca cuestiona la propuesta de renovación urbana, las cargas urbanísticas y los nuevos trámites que traería el nuevo POT, que serán más engorrosos. La Cámara de Comercio enfocó sus cuestionamientos a los incentivos para para proteger las vocaciones, las cargas urbanísticas, las estrategias de últimas millas y la seguridad jurídica.

De otra lado, representantes de habitantes de varios barrios –Normandía, Campin, San Bernardo y de los Barrios Unidos- criticaron los planes de renovación urbana para estos barrios, los múltiples usos del suelo que sugiere y la posible gentrificación en detrimento de los más pobres al sentirse desplazados de sus tradicionales espacios, aunada a la ausencia de socialización con las comunidades. En síntesis, los representantes de los habitantes abogan por la conservación de los barrios, una adecuada planeación, y la conservación del tejido social y las costumbres, a cambio de que se entreguen en bandeja de plata inconmensurables beneficios a las grandes constructoras.

Desde una de las constructoras más poderosas -el Grupo Valor- su presidente hizo sentir también su voz. Mutis Caballero (Pastrán , 2021), considera que el proyecto de POT es contradictorio al pretender una ciudad de 30 minutos con unas medidas urbanísticas que harán que los proyectos migren hacia otras ciudades y poblaciones cercanas, lo que afectaría determinantemente la provisión de vivienda de interés social en la capital.

Ante las manifestaciones en contra provenientes especialmente de Camacol y en general del gremio de la construcción, la Alcaldesa de Bogotá no ha hecho esperar sus réplicas, algunas de ellas que suenan a denuncias implícitas de actos avivatos e ilegales ocurridas en el pasado en relación con la manipulación de las normas urbanísticas y de ordenamiento del territorio, para sacar provecho de la plusvalía derivada de lo que ella llama “volteo de tierras”. Además, la Alcaldesa cuestiona gremio de la construcción, lo que considera como un desaforado afán de lucro, lo que para ella es a todas luces es el único interés que persigue con el POT.

En el Concejo Distrital ya desde distintas orillas políticas -incluso concejales de la bancada del partido verde- se han manifestado las inconformidades con este proyecto, siendo la más sentida y casi que unánime, la que cuestiona el hecho de que el proyecto de POT fue construido sin participación ciudadana y en el proceso brilló por su ausencia la socialización del mismo. La Concejal Susana Muhamad se atrevió a llamarlo el “POT de las cuatro Ies: Inacabado, Impuesto, Improvisado y por tanto terminó siendo Ilegitimo”. (Bohórques, 2021). Un amplio sector del Concejo Distrital aboga por su no aprobación.

Ahora en la etapa de discusión se están dando dos fenómenos en el seno del Concejo: De un lado varios concejales consideran que dicho proyecto no debió llegar al Concejo Distrital en tanto que denuncian que la Administración distrital, en cabeza de su Alcaldesa, no quiere que al proyecto se le cambie ni una coma, es decir que no se debata.

Y del otro, se ha desatado una cascada de recusaciones contra la inmensa mayoría de concejales, habida cuenta de que las mismas los acusa de estar impedidos por tener intereses en asuntos de los que se ocupa el proyecto de POT. Este aspecto tiene estancada la discusión y aprobación del proyecto, para lo que se está agotando el tiempo legal, lo que a su vez pone en riesgo su adopción por parte del Concejo e que implicaría –a no ser que se apruebe- ceder a la Alcaldía la facultad de adoptar y dar vida jurídica al instrumento de ordenamiento territorial que va a delinear el desarrollo integral de la Ciudad para los próximos 12 años.

En conclusión, en la discusión y aprobación de lo que puede ser el nuevo POT de Bogotá, no solo se está materializando la inaplicación del principio de Ana Karenina, si no que al parecer va a ser un engendro del tipo “in vitro”, además hermafrodita, con vientre pero sin acto procreativo. Y en medio de esta situación que se antoja caótica, quienes más han de resultar beneficiados serán los expertos en pescar en “ríos revueltos”, en detrimento del interés general y del bienestar social de la ciudad, y en general del país.

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1. Son zonas donde interactúan personas dedicadas a las actividades de cuidado como las que realizan las trabajadoras domésticas, los cuidadores de adultos mayores, niñeras (os), servicios médicos, asistencia en enfermería domiciliaria, etc.

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Referencias

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